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¿Quién es el dueño de los tuits del presidente? Una demanda federal busca una respuesta


¿Quién es el dueño de los tuits del presidente? Una demanda federal busca una respuesta

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En resumen

  • Grupos de prensa demandaron a Trump, argumentando que las declaraciones presidenciales pertenecen por igual al público.
  • Truth API vende las publicaciones de Trump a firmas de trading por hasta $100,000 mensuales.
  • La demanda dice que la información del gobierno no puede convertirse en una fuente de ingresos privada.

The Intercept y la Freedom of the Press Foundation presentaron una demanda por la API de Truth contra el presidente Donald Trump el miércoles. El caso pide a un juez federal que decida si el presidente puede vender acceso anticipado a sus propias declaraciones oficiales.

La demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, dice que las publicaciones presidenciales son información gubernamental. Si esto se confirma, ningún cliente que pague puede tener más derechos sobre esta información que cualquier otro estadounidense.

Un muro de pago de 100,000 dólares en las publicaciones del presidente

La empresa matriz de Truth Social, Trump Media & Technology Group, activó la Truth API el 1 de agosto. Este producto envía las publicaciones de las principales cuentas de la plataforma a los clientes que pagan en milisegundos. La cuenta de Trump es la principal atracción.

Los mercados suelen moverse cuando él publica. Los suscriptores, principalmente empresas de trading de alta frecuencia, pagan entre 60,000 y 100,000 dólares al mes por ese acceso adelantado. Más de 10 empresas ya se han inscrito, y la API ya ha generado más de 1 millón de dólares.

Esa cifra es importante. Trump Media registró una pérdida neta de 238.1 millones de dólares en el segundo trimestre, con solo 1.7 millones de dólares en ingresos. Si la API trae más de 1 millón de dólares al mes, pronto podría superar en ingresos al resto del negocio.

Trump es el mayor accionista de la empresa a través de un fideicomiso. Según la demanda, su participación antes valía 4 mil millones de dólares y ahora se ha reducido a unos 1 mil millones de dólares.

Dentro de la demanda por la Truth API

Los demandantes, respaldados por el grupo de vigilancia Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), se apoyan en dos garantías constitucionales.

Bajo la Primera Enmienda, argumentan que periodistas y público tienen el mismo derecho a la información oficial. Vender un acceso anticipado rompe ese derecho.

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El argumento bajo la Quinta Enmienda se centra en el precio. Cobrar «sumas irrazonables» por acceso igualitario va en contra de la protección igualitaria, dice la demanda. Llama al producto «un plan de extorsión descarado».

«Todo estadounidense tiene derecho a un acceso igualitario a las declaraciones públicas del presidente. Las personas que pagan 100,000 dólares a la empresa personal del presidente no tienen mayor derecho a esas declaraciones públicas», argumentó Nikhel Sus, asesor principal de CREW, en el anuncio de la demanda.

La demanda alcanza incluso a la propia Casa Blanca. También nombra como demandados a la asistente de Trump Natalie Harp, al jefe adjunto de gabinete Daniel Scavino y a la Oficina Ejecutiva del Presidente. Ninguno de los acusados había hecho declaraciones públicas al cierre de esta nota.

Los reguladores ya han eliminado este modelo antes

Washington lo vio venir. El 28 de julio, los senadores Adam Schiff y Elizabeth Warren pidieron una investigación de la SEC, escribiendo al presidente Paul Atkins días antes del lanzamiento de la API. Su carta incluía acciones que Trump había promocionado este año en Truth Social, como Citigroup, Palantir y Coinbase.

La historia le da una advertencia a Trump Media. En 2013, Thomson Reuters ofreció a algunos clientes un adelanto de dos segundos sobre datos de sentimiento del consumidor por 6,025 dólares al mes.

El fiscal general de Nueva York se opuso y el programa fue cancelado. Un año después, Business Wire cortó sus feeds directos a traders de alta velocidad bajo presión similar.

Estos vendedores eran proveedores de datos privados, y cobraban una fracción del precio de la Truth API. Esta vez, el producto es la propia voz del presidente en funciones, y el vendedor es su propia empresa.

Ahora, un juez –no un regulador– podría decidir si el discurso oficial puede tener un precio.

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